Malestar
Con la llegada de Pedro Sánchez al palacio de La Moncloa han vuelto los debates sobre la memoria histórica de la guerra civil y del franquismo. El presidente socialista pretende profundizar el legado de Zapatero, llevando a cabo una transformación del Valle de los Caídos, el monumento con el que, según la propaganda del régimen, Franco pretendió reconciliar los españoles enterrando en fosas comunes, de manera anónima y sin el consentimiento de las familias más de treinta y tres mil combatientes de ambos bandos de la guerra civil. El proyecto del presidente del gobierno se centra en convertir el monumento en un Centro Nacional de Memoria, con el objetivo de promover una "cultura de la reconciliación" y una "memoria colectiva democrática". Para ello, se compromete en exhumar los restos del dictador para trasladarlos a un cementerio privado, y en que el Estado se encargue de exhumar los restos de los soldados anónimos si sus familiares lo reclaman.
Las reacciones a este compromiso no tardaron en llegar. Pablo Casado, en plena campaña para alzarse a la cabeza de un Partido Popular decaído, declaró que él "no gastaría ni un euro" en exhumar a Franco. Un par de nostálgicos fascistas se manifestaron delante de la abadía defendiendo los "derechos" de su caudillo a ser enterrado en su mausoleo. Todo eso en un clima en el que por la izquierda algunos persisten en llamar el sistema democrático español "régimen del 78", defendiendo la tesis según la cual viven en un régimen del olvido, y que la transición a la democracia solo fue una falacia llevada a cabo por los mismos franquistas, y que solo por eso no tendría valor. Y ahora, los nacionalistas catalanes ponen en peligro la unidad territorial española, describiendo un país con un legado y una mentalidad franquistas para justificar sus ansias de secesión.
Tales afirmaciones son erróneas, y basta con desprenderse de ideología política y observar los hechos para no caer en la trampa. Los tiempos de la Transición no fueron los tiempos del olvido: es cierto que en las negociaciones para la democracia se hicieron concesiones a miembros del establishment franquista, que muchos de ellos fueron piezas claves en el proceso de cambio, pero nadie puede negar que las publicaciones en torno a la guerra civil, el franquismo y sus abusos se multiplicaron al fallecer Franco, y que han tenido impacto en los ciudadanos españoles. La democracia española es una de las grandes democracias europeas, y goza de un sistema autonómico descentralizado del que se puede estar orgulloso. En la España actual las lenguas regionales se protegen y se favorecen y no existe ni una sombra de represión a la diversidad cultural. Esos son algunos de los muchos hechos que entran en total contradicción con los argumentos anteriores. De franquismo, nada.
Entonces, ¿por qué tales síntomas de malestar y de división? En el cuarenta aniversario de la Constitución, los españoles pueden parecer enfrentados, y la historia sigue siendo un motivo de discusión. Puede que los intereses electoralistas de los partidos políticos no sean ajenos a tanto malestar.
En 1990, Aznar fue elegido presidente del PP, frente a un Partido Socialista Obrero Español en decadencia, debilitado por los años de legislatura, casos de corrupción pendientes y la brutalidad de la lucha antiterrorista. Fue en las elecciones generales de 1993 cuando el candidato popular rescató por primera vez la guerra civil del pacto consensual de reconciliación contratado durante la Transición, presentándose como un nuevo Azaña, gran figura de la izquierda republicana, lo que el historiador Paul Preston vio como una "chorrada". En 1996, el PSOE se sabía aún más cerca de la derrota y también convirtió historia en argumentos políticos. La campaña fue más violenta: el PSOE diabolizó al PP, refiriéndose a sus orígenes franquistas. El PP respondió con más docilidad, con Aznar llamando otra vez a la figura de Azaña, e iniciando un viraje hacia el centro derecha para poder reivindicarse heredero de la Transición.
Pero esos ataques no cesaron con la llegada de un popular en La Moncloa en 1996. Los socialistas y los comunistas, conscientes de que el PP, mayoritario en el Congreso, no dejaría que se llevase a cabo cualquier ley de memoria que evidencie su legado franquista, acosaron a los populares con leyes simbólicas sobre la guerra civil, el franquismo y la Transición que desprestigiaran su pasado. El año 1999 fue el del sesenta aniversario del fin de la guerra civil. Los partidos de izquierda propusieron leyes para el reconocimiento del daño infligido a los presos del franquismo, para condenar el supuesto carácter de "genocidio" de la represión franquista, y propusieron las primeras exhumaciones de fosas comunes. De estas propuestas, todas simbólicas, ninguna fue llevada a cabo, pero evidenciaron que el PP no quería condenar el levantamiento del 18 de julio de 1936.
Los populares prefirieron un discurso de mirada hacia el futuro, presentándose con la voluntad de olvidar el pasado, y de celebrar el legado "hazañista" de la transición, defendiendo que aportó la reconciliación y el consenso. En cuanto a la condena del golpe, se convirtieron en historiadores rigurosos, pretendiendo que el contexto histórico era complicado, y que condenar abiertamente el golpe no tenía en cuenta la complejidad de la historia.
El destacado historiador francés Pierre Nora escribió que "la memoria divide, la historia reúne". El caso español no lo contradice. Somo herederos de esa batalla interna del bipartidismo que utilizó la historia como cartuchos en los enfrentamientos políticos, que hoy se prolonga.
Con la crisis económica del 2008 llegaron los recortes mientras se desvelaron los casos de corrupción más graves del PP, partido "heredero" del franquismo. Eso debilitó la credibilidad institucional española, y las críticas al sistema volvieron a nutrirse de historia: por una parte, la joven izquierda de la que salió Podemos rescató el legado republicano y se dedicó a la crítica del transcurso de la Transición; por otra parte, los nacionalismos profundizaron el adoctrinamiento llevado a cabo por el pujolismo recordando la represión vivida durante el franquismo y engañando con la mentira de que todo seguía igual desde la muerte de Franco. Con todos esos ejemplos, se entiende fácilmente que de historia los partidos españoles han hablado poco, que de memoria sí, pero que han querido confundir esas dos cosas diferentes con objetivos políticos, creando fracturas.
A pesar de todas esas discrepancias, Pedro Sánchez quiere hoy con su proyecto del Valle de los Caídos crear una memoria común, reconciliadora. Antes de valorar sus intenciones, hay que constatar que la arquitectura del monumento lo impide: ¿cómo crear reconciliación en una abadía, con una cruz tan masiva y amenazante por encima de la cabeza? ¿Cómo olvidar el legado de un monumento tan invasivo y pretender que todos se puedan reconocer en él? El monumento ya es ofensivo en sí, lo que supone un problema de forma.
El fondo es otra cosa. Al querer transmitir una visión de la historia, un Estado democrático limita una de sus tareas fundamentales: formar unos ciudadanos con espíritu crítico y libertad intelectual. En vez de querer transmitir una interpretación y de crear una memoria común a los ciudadanos, Pedro Sánchez podría comprometerse en mejorar los programas escolares de historia, en hacerlos más densos y profundizados. En tal caso, el ciudadano haría la elección, por sí mismo, de las figuras y de los hechos que lo inspiran. Personalmente, no me cabe duda de que, con conocimiento profundizado de la historia española, gran mayoría de ciudadanos entenderían hechos por sí de la misma manera que el PSOE, con el que yo también comparto mi memoria: reconocerían los grandes logros de la Segunda República, como la Institución Libre de Enseñanza o el sufragio femenino. No me cabe duda de que condenarían el salto a la ilegalidad y a la violencia que supuso la rebelión del 18 de julio de 1936, pero tampoco se olvidarían de los errores que cometió la República y sus políticos, que les serviría de lección para el futuro.
Pero el proyecto del presidente socialista también tiene cosas buenas. Sánchez se he comprometido en que el Estado se encargue, si lo piden los familiares, de la exhumación de los cuerpos de soldados enterrados en las fosas comunes del Valle de los Caídos. Esa promesa iría más allá de lo que hizo Zapatero, que no garantizó que el Estado se encargase de las exhumaciones, dejando esa tarea en mano de asociaciones privadas. Esa misión supondría un gran avance a favor de los derechos de los familiares a enterrar sus muertos, derechos que tienen en tales circunstancias (entierros en fosas comunes, anónimos, y no consentidos), que ser considerados como fundamentales y necesarios para cerrar heridas.
La exhumación de Franco también es necesaria. No se puede tener al responsable de un golpe de Estado, de una inmensa represión, de juicios sumarios, de miles de asesinatos y de una guerra fratricida con repercusión histórica al lado de soldados anónimos, en un monumento que celebre su legado. Exhumarlo no sería imponer una visión de la historia, pero sí demostrar que España es una democracia asentada en una Constitución con la que Franco no tiene nada que ver. Que protesten los fascistas, pero España no les debe nada, y no tiene nada que ver con ellos.
Creo formar parte de una nueva generación que tiene interés por su historia. Como cada familia, la mía tiene sus recuerdos de la guerra, de los que he heredado oralmente, y también sus incertidumbres. Lo necesario es que el Estado permita recomponer las historias de nuestras familias, que siga abriendo archivos, que siga facilitando la tarea de historiadores. Porque diga lo que se diga, la democracia española no es para nada el régimen del olvido.
Lo que sí no quiero es que el Estado gobernado por cualquier partido imponga una memoria.. Y por eso, un Centro Nacional de Memoria no me agrada para nada, y todavía menos en el Valle de los Caídos, un lugar que siempre llevará el peso de su historia. Podríamos dejarlo así, como un monumento histórico, con el mismo estatuto que unas ruinas romanas, garantizando una neutralidad absoluta. Que cada uno entre y vea allí lo que quiere ver, porque la memoria es personal.
Porque si quisiéramos promover una "memoria colectiva democrática", si quisiéramos acabar con la pérdida de tiempo que supone la instrumentalización de la historia por parte de los partidos, si quisiéramos mostrar de la mejor manera que recelamos de la guerra, de los asesinatos fratricidas, y que preferimos mirar para adelante, lo más adecuado sería acabar con él: volar el Valle de Los Caídos de una vez.
©César Casino